La vida no es igual para todos: nacemos en distintos lugares, con diferentes oportunidades y habilidades. Pero, ¿qué pasaría si te convencieran de que cualquier diferencia o incomodidad no es parte de la vida, sino el resultado de una opresión estructural por haber nacido en el “cuerpo equivocado”? Y lo más inquietante: ¿qué implicaría que el Estado presentara una “solución”?
La captura estatal por el transgenerismo hasta el último gobierno en 2023, entró en disputa con una política oficial mileista de igualdad de oportunidades, de ser todos iguales ante la ley, es decir, de garantizar la libertad de todos.
El contexto de confrontación se agudiza con un par de decretos de necesidad y urgencia (DNU) que limitan los alcances de la ley trans.1 Un DNU prohíbe el acceso de menores de 18 años a tratamientos médicos para la adecuación corporal según la identidad autopercibida debido a la falta de madurez neurobiológica y psíquica para tomar decisiones irreversibles sobre su cuerpo. El segundo DNU dispone que las personas encarceladas sean alojadas según su sexo al momento del delito, prohibiendo traslados a cárceles de mujeres. También impide estos traslados a condenados por delitos sexuales o violentos contra mujeres, incluso si rectificaron su sexo registral.
A esto se suma la eliminación desde el poder ejecutivo nacional, de estructuras burocráticas del Negocio de Género, amputando la maquinaria de propagación de esta ideología, así como otras medidas que exacerban la confrontación con el lobby transgenerista, listadas aquí (que muestran el esplendor alcanzado hasta la gestión anterior) y en esta otra nota sobre el desempeño en el ámbito internacional).
COMISIÓN DE MUJERES Y DIVERSIDADES
Como respuesta, la comisión llamada Mujeres y diversidades (sic) de la cámara de diputados de la Nación, salió a responder al gobierno anti-trans.2 El orden de exposiciones de la reunión no fue aleatorio. Revela la jerarquía de víctimas, que junto con el sistema de puntos, determina quién sube o baja en la pirámide de los damnificados.3
Comienza con la exposición de dos opresores cis, blancos, educados, de clase media y capacitistas, adultos mayores y hasta probablemente fértiles y heterosexuales, que pertenecen al sótano del ranking. Pero ganaron muchos puntos extras por su presunción de omnicompetencia, al recitar el casi religioso dogma transgenerista más su teoría cuasi científica sobre los sentimientos como base de la biología.
La primera expositora enfatiza: “repito hasta la extenuación, no metan a la naturaleza ni a la biología como parámetro moral, nada tiene que ver lo biológico y lo natural, la biología no sabe que se llama biología, la naturaleza no sabe que se llama naturaleza (…) En todo caso, dado por la naturaleza respecto a la diversidad sexogenérica que existe sobre todo en el fondo marino, repugna la falta de conocimiento, repugna la falta de erudición, repugna el desconocimiento” (sic).
Gracias a esta performance, permanecen en el juego. Es indispensable que sigan ocupando cargos públicos dentro del aparato extractivista del Negocio de Género.
Esta concesión se recupera con la tercera intervención de un varón autopercibido mujer. Ocupa el lugar más alto de la escala, son los más discriminados y aún así, los más poderosos y respetados de la cosmovisión transgenerista. Nada le gana a un hombre, con melena y pechos retocados, diciendo que es mujer en el sistema de opresiones: son los reyes que ocupan el puesto de honor sin que nadie pueda arrimarse.
Luego entra en escena una madre transhausen por poderes. Blanca, cis, heterosexual, capacitista, pero con una credencial de oro: tiene un mellizo que a los dos años y medio dijo ser del otro sexo y lo exhibe como trofeo militante, convertido en Luana, validando la idea de que los niños pueden decidir su sexo con la misma convicción que afirman que en el futuro serán astronautas.4
Siguiendo el protocolo de opresión jerárquica, llegan las chicas que dicen llamarse Manuel, Lautaro, en la escala de víctimas. Son chicas confundidas, reclutadas por la industria del autodiagnóstico. Están angustiadas, tristes, quejosas, demandantes de tratamientos hormonales y trabajo. Las han programado para esperar a que le solucionen sus problemas. Sólo saben identificar fuentes de discriminación y a la transición como la cura mágica para cualquier malestar adolescente.
Como era previsible, los últimos en intervenir son los diputados aliados, ocupando el lugar más bajo del escalafón, condenados por su asociación con el estado opresor biologicista. El último en hablar concentra todos los pecados: es un varón blanco, cis, capacitista, y posiblemente hétero, además de condenado por su masculinidad tóxica y su innato mansplaining. Eso sí, su redención está garantizada al prometer seguir defendiendo a la comunidad LGBT con la misma vehemencia que promete eliminar la pobreza.
INJUSTICIAS SOCIALES Y FALACIAS
Ahora que hemos desarmado su enrevesada pirámide de víctimas, veamos qué reclaman.
Denuncian el retroceso en derechos de mujeres y personas trans y las restricciones a los menores, con la prohibición del acceso gratuito a tratamientos médicos. Estas restricciones, según denuncian, los ponen en riesgo psicológico y aumentan los suicidios. Señalan el desmantelamiento del estado de bienestar; el odio, persecución y la violencia institucional bajo un gobierno autoritario y fascista. Por eso exigen el rechazo a los DNU, hacer cumplir la ley trans en su totalidad, el acceso gratuito a la hormonización y cirugías para menores, el mantenimiento del cupo laboral trans y el restablecimiento de políticas de diversidad e inclusión.
Vayamos entonces a lo esencial, a un par de falacias de la justicia social transgenerista con sus políticas de igualdad de resultados, y sus implicancias.
La justicia social parte del supuesto de que existen desigualdades, situaciones injustas en la vida, y se debe intervenir para corregirlas y hacer que todo sea “justo”. En este caso, todas estas diferencias se deben a un solo factor: el rechazo social a la supremacía de la identidad de género por sobre el sexo. Estas deben aplicarse colectivamente en tiempo presente y también en nombre de la reparación por injusticias pasadas.
La trampa está en decir que toda desigualdad es producto de la discriminación, cambiando el significado a conveniencia. El origen de la discriminaciónn descansa en la falta de reconocimiento de las identidades autopercibidas empaquetadas bajo la consigna de los derechos humanos. Por lo tanto, se exige el cumplimiento de la ley trans en su totalidad.5
Dentro de la doctrina de la justicia social, el estado de bienestar es imprescindible para distribuir derechos, bienes y poder a esta minoría. La izquierda woke ha expandido estos derechos de una manera casi ilimitada en todos los órdenes, con la financiación pública y el adoctrinamiento social.6
Con la industria de la opresión en pleno funcionamiento, la culpa de sus problemas siempre recae en la sociedad.7 Su planteo consiste en hacer creer que nada de lo que hagan vale para solucionar sus problemas, que no tienen ninguna oportunidad de salvarse, a menos que actúen políticamente como grupo --especialmente entre la gente joven. Una evidencia de esto es sobre cómo argumentan el tema de los suicidios:
“el índice de suicidio de las los les chiques trans es muy alto no queremos que aumente”
“¿Quién va a pagar tanto dolor tanta desidia tanta cantidad de intentos de suicidio? Porque esa es una realidad de los jóvenes trans ¿Quién va a pagar tantos suicidios? Y una vez más un derecho menos una libertad menos y un dolor más”
“Unicef nos contó que la segunda causa de muerte de las adolescencias es el suicidio, la sociedad de pediatría de Estados Unidos contó que las adolescencias trans tienen un 85 por más deciónes suicidas”
“la prohibición de estos tratamientos no protege a los niños sino que los expone a daños psicológicos y al riesgo de suicidio”
“causa otros desórdenes en la salud incluyendo el aumento de riesgo de suicidios el desfinanciamiento en estas políticas nos empuja a buscar el acceso a terapias en la clandestinidad exponiéndonos a tratamientos poco seguros”
El discurso progresista ha impulsado una visión donde los agravios, la victimización más el resentimiento hacia los otros, se presentan como eje central de la identidad política, reforzando la percepción de subordinación estructural. Primero siembran angustia y ansiedad, luego venden la solución: más dependencia. Así exageran o fabrican crisis para justificar cumplir con la ley trans. Uno de los problemas es que no se distingue entre desventajas reales y autoinducidas.
Otro actor indispensable en este esquema, son los ideólogos-políticos de la agenda de género. Se atribuyen con fatal arrogancia el conocimiento para intervenir y corregir todas las desigualdades. Pero la intervención estatal como solución automática para todos los problemas, es el camino al infierno pavimentado de buenas intenciones. Estas políticas se convierten en imposiciones para todos desde que se utiliza la maquinaria pública para resolverlas. Dicho de otra manera, lo importante es la elección de mecanismos institucionales tanto por eficiencia económica, como por la defensa de la libertad individual, frente a imposiciones en nombre de la justicia social.
Pensemos en cómo se fabrican demandas de justicia social con la invención del concepto de autonomía progresiva del menor, por parte de los especialistas en género.8 Este ha sido instrumentalizado para debilitar la autoridad de las familias y trasladarla al aparato estatal transgenerista. La falacia consiste en sostener que los menores no solo pueden, sino que deben autodeterminar su género y acceder a intervenciones médicas sin mediación parental, por lo que demandan la eliminación del DNU.
Como resultado, los menores quedan desprotegidos ante decisiones irreversibles. Además la justicia social se caracteriza por la falta de rigor de cualquier prueba empírica que justifique sus imposiciones. Pensemos en la primera falacia: negar que el sexo es inmutable y afirmar que puede cambiarse hormonas y cirugías. También falsean la efectividad de las intervenciones médicas como ya se cuenta con antecedentes en países como Suecia, Reino Unido, Finlandia, Noruega y Francia, que han revisado estas políticas por sus consecuencias médicas y legales. La medida a través de un DNU, aunque precaria legalmente, intenta poner algún límite a la ley trans.9
En relación al otro DNU, demandan que varones que se autoidentifiquen como mujeres sean trasladados a cárceles femeninas porque la justicia consiste en el respeto a la autopercepción de género, incluido el sistema carcelario.10 Su falacia consiste en la falsa jerarquía de derechos --el derecho del varón encarcelado es superior a la seguridad, dignidad y protección de las mujeres, libres de violencia y coacción. La abogada defensora justificó que los pedidos de traslados son ínfimos en su número, pero si la formulación de la ley trans deja margen para efectos perjudiciales, por mínimos que sean, cualquier jurista reconocería que su redacción es deficiente, lo cual demuestra la negligencia legislativa.
Las políticas por la justicia social solo benefician a los políticos activistas trans que persiguen la captura estatal. Su maestría es desviar valiosos recursos públicos sin necesidad de demostrar que generan nuevos problemas. Para ellos, vender políticas identitarias es un negocio redondo: se cuelgan la medalla del mérito, rara vez pagan un costo politico y el resto paga la factura.
FINALMENTE
Desde la perspectiva de la teoría de la justicia social progresista se demanda un trato privilegiado por la autopercepción de género, justificando cualquier disparidad como resultado de la opresión biologicista y heterocisnormativa.
El estado de bienestar transgenerista se sostiene sobre una ficción de las identidades de género, transformando un relato victimista en un mecanismo de demanda incansable por la redistribución de recursos y privilegios.
Aunque se presenta como un avance en derechos, en realidad erosiona los principios básicos de equidad y de responsabilidad individual, convirtiendo la intervención estatal en un fin en sí mismo. Su sostenibilidad es inviable sin una burocracia en constante expansión que exige recursos ilimitados, mientras ignora sus costos y consecuencias para el resto de la sociedad.
El transgenerismo necesita mantener estas falacias en pie, como tantas otras, porque sin ellas su proyecto de poder y negocio colapsaría. Su problema es su propia naturaleza ficticia y su única solución es un estado de bienestar falaz.
Gracias por llegar hasta aquí. Si te pareció útil, compártelo y sumemos esfuerzos para recuperar el sentido común en la defensa de los derechos de las mujeres y menores.
Transhausen por poderes: madres que impulsan el transgenerismo de sus hijos. Ella diagnostica a su mellizo como niña alrededor de los dos años y medio. Supo ganarse toda la aprobación de la progresía argentina, con la obtención del documento de identidad con un sexo farsante en 2013, sumado a su continuo activismo y más ocultamente, la defensa que ser trans no significa hormonarse y operarse. Sostiene que el pene de Luana no lo hace varón, de lo que se trata es de respetar esa corporalidad, o sea no hace falta modificar el cuerpo para que se lo respete. Lo que se tiene que modificar, es la mirada de la sociedad para con su hijo. CNN en español: La historia de la primera niña trans.
La discriminación fuera del enfoque de la justicia social, sería por ejemplo, que las mujeres sean excluidas por su sexo en la educación, en la carrera política y laboral, de espacios públicos, etc., es decir por una característica objetiva, real, y no de una interpretación subjetiva.
Esta categoría no solo se refiere a las personas con autopercepciones de género, también puede extenderse la visión de una imperiosa necesidad de un estado de justicia social que atienda a los pueblos originarios, migrantes, gordas, marrones, entre otras categorías de la progresía woke. El resultado esperado es una batalla por acaparar los escasos recursos públicos.
Las demandas actuales contrastan con la gestión anterior, donde el poder ejecutivo representaba a la agenda transactivista. El Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, el INADI, la ley de adoctrinamiento Micaela y la constante reeducación docente a través de la ESI formaban parte de esta maquinaria estatal. Cabe aclarar que este análisis solo se refiere al poder ejecutivo nacional, ya que las provincias continúan dilapidando recursos mediante su propio Negocio del Género.
Problemas éticos en torno a la autonomía progresiva de los menores de edad en el derecho civil argentino: el dilema de la salud, Viviana Olchansky 2021.
Ambos DNU son válidos en tanto y en cuanto la Comisión Bicameral del Congreso no lo rechacen, por lo cual perderían validez. Al mismo tiempo, individuos y/o organizaciones transactivistas ya presentaron amparos y demandas judiciales argumentando que el DNU viola la Constitución, derechos fundamentales y la ley trans 26743. Cuatro adolescentes trans van a la Justicia contra un decreto de Milei.
Thomas Sowell lo describe como una intervención que trata a las personas como piezas en un tablero de ajedrez. Son de naturaleza inerte y que se mueven según un diseño planificado sin considerar su propia realidad y sus consecuencias. Thomas Sowell, Falacias de la justicia social, El idealismo de la agenda social frente a la realidad de los hechos, Ediciones Deusto, 2024.