La educación cívica nos dice que en una república democrática, el poder viene de la gente y lo manejan los representantes que elegimos en elecciones. Además, se divide en tres poderes independientes: el judicial, que ejecuta las leyes; el legislativo, que las crea y el que las interpreta, el ejecutivo. Esto se pensó así para que nadie tenga demasiado poder y se asegure un equilibrio y control mutuo.
Pero es sorprendente observar cómo la mayoría de los estados actuales es atravesada por una ideología acientífica, misógina, homoodiante. Esta agenda global se inmiscuye en cada país de diferente manera. En Argentina, el estado es centralizado o unitario, y con decretos, leyes y políticas nacionales esta agenda se impone de manera uniforme en todo el territorio. Se inició con el relato de los derechos humanos, de los varones que pretenden ser mujer, inmiscuirse hasta la disolución del estatuto real y legal del sexo.
Previamente se ha investigado tanto el poder legislativo1 como el ejecutivo2, y ahora nos enfocamos en el poder judicial. Como un primer punto de partida, se analiza la formación del cuerpo judicial nacional y provincial, la distribución de las estadísticas por sexo, y la implementación práctica de la teoría queer en la ejecución de las leyes.
PODER JUDICIAL
En el poder judicial, al igual que en los poderes legislativo y ejecutivo, se implementa una estrategia similar: adoctrinar sistemáticamente a su plantel de trabajadores en la ideología de género.
Al observar el panorama para principios de 2024, es evidente qué visión del mundo se busca fortalecer a través del campus virtual de su Escuela Judicial. Tres de las cuatro temáticas se centran en la perspectiva de género.3
Primero, en Formación de género: se ofrecen dos tipos de capacitaciones sobre perspectiva de género, dirigidas tanto a quienes forman parte del Poder Judicial de la Nación como a aquellos que desean ser parte de la Magistratura.4 Tiene como fin brindar las herramientas necesarias para articular en un nivel teórico y práctico los ejes de igualdad de género y acceso a la justicia. Primero, la Formación de género de la Escuela Judicial es de capacitación obligatoria para aquellos que concursen para cargos de jueces nacionales o federales con certificación Ley Micaela.5
Segundo, el Taller de Actualización Normativa y Jurisprudencial en materia de perspectiva de género: cumplimenta la necesidad de una actualización periódica según lo establecido para la designación de Magistrados/as del Poder Judicial de la Nación. El programa y la bibliografía reflejan el enfoque queer impartido. Se instruye con material de la Revista trans activista argentina Anfibia; artículos del activista trans argentino Lohana Berkins; la filósofa estadounidense Judith Butler; la activista trans argentina Mauro Cabral; la abogada trans activista argentina Soledad Deza, etc.
Además, está el Programa de Formación de Aspirantes a Magistrados destinado a formar a quienes quieren acceder a la Magistratura en las competencias profesionales necesarias para el desempeño de la función judicial. En su Punto 6 sobre Actualización jurídica y cuestiones novedosas, se instruye sobre “Justicia y género”.
Finalmente, las capacitaciones son contenidos académicos están destinados a la actualización y formación, tanto de los magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Nación, como de los distintos operadores del sistema de justicia en general. La capacitación sobre Género y Derecho Penal tiene como objetivo general, abordar situaciones problemáticas en el proceso penal desde una perspectiva de género, considerando estándares internacionales de derechos humanos tanto para víctimas como imputados, incluyendo mujeres y personas del colectivo LGBTIQ+. Su objetivo es profundizar en los conocimientos sobre género, considerando que las concepciones sociales y los roles de género cambian constantemente. Por ejemplo, en un módulo, expresamente se enfatiza privilegiar la investigación y el juzgamiento con perspectiva de género y sin discriminación. Ciertamente, eso se verificó en los casos de varones nacionales y extranjeros, que pretenden ser mujer, analizados aquí.
PODER JUDICIAL PROVINCIAL
El poder judicial en cada provincia se encarga también de interpretar y aplicar las leyes. Tal como reflejó a nivel nacional, en las provincias se repite el mismo resultado: la completa reproducción de la llamada “perspectiva de género” en la formación del personal judicial. En este caso, este es el portal del Ministerio de Justicia de la Provincia de Córdoba.
EL ABSURDO MAPA DE GÉNERO
Históricamente, la segregación ocupacional ha buscado superar el techo de cristal para las mujeres, es decir, eliminar las desigualdades entre los sexos y el acceso igualitario al ejercicio de sus derechos de la justicia argentina.
Pero desde el año 2022, mientras mantienen las opciones femenino y masculino, se añaden “otras identidades de género”. La agenda trans demoró diez años en ganar su reconocimiento en las estadísticas del personal de justicia.
Veamos en estos dos gráficos, esta coexistencia con “Otras identidades de género” .
Sobre este Gráfico 1, se lamentan que las personas de “Otras identidades de género” no se logran apreciar, dado que aún la dotación reportada fue proporcionalmente pequeña tal como se observa en la siguiente Tabla 1.
La disposición de esta distribución plantea problemas de 1) invisibilización de las personas englobadas en esta última columna como “otras identidades de género”, 2) falta de precisión y representatividad, 3) posible estigmatización, etc. Se podría argumentar que el poder judicial muestra signos de transfobia.
INMERSIÓN QUEER
Como se examinó con las estadísticas, en la actualidad conviven el paradigma anterior basado en los sexos, con el nuevo, de las identidades de género. Estas “otras diversidades de género” son estadísticamente minúsculas, pero la captura institucional ya está en marcha.
La relevancia de registrar a estas personas que pretenden salir del binomio mujer-varón es imperativa a los fines de la labor judicial. Forma parte de la estrategia tanto para los activistas del núcleo duro, con una remarcable influencia para lograr su expansión, como para los que rodean este círculo interno. Estos últimos son aliados a la fuerza, comprometidos con la protección de sus DDHH, debido a su pertenencia laboral y sometimiento ideológico.
Entre ellos residirán los responsables de la insistente programación académica a los trabajadores judiciales. Esto es la teoría queer aplicada, una disciplina básicamente activista, para que, quienes acuerdan con sus premisas se conviertan automáticamente en sus propagandistas aliados.
La justificación de la formación de los funcionarios judiciales es otra marca queer del poder judicial. Afirman que es “relevante con la necesidad de desarrollar habilidades y destrezas necesarias para identificar estereotipos de género, roles de género y diversidad de géneros que resultan particularmente dinámicos.” Esta naturaleza dinámica se debe a que las identidades necesitan no estar basadas en ninguna verdad estable o significativa, pues su objetivo es la completa desestabilización de la compresión de la realidad. Dentro de ese caótico contexto, se proclama de manera ficticia, tratamientos justos e imparciales para todos los involucrados.
La política de empleo a través del cupo laboral trans reproduce otra máxima queer. El empleo de estas personas forma parte de las siguientes normativas: la ley 27.636 y el decreto 721/2020. El sindicato de Trabajadores Sindicales se suma también a que se apruebe el cupo laboral trans en el Poder Judicial de la Nación.
Esto constituye una flagrante transgresión del principio de igualdad de oportunidades y de la meritocracia sobre la carrera judicial. El principio de igualdad de resultados y discriminación positiva, busca desplazar el énfasis en el esfuerzo y el mérito individual, ya que estos provienen de una cultura normalizadora, opresiva que necesita ser transformada. La adhesión a este contratación privilegiada constituye un acto de justicia reparadora, para una sociedad inclusiva, diversa y equitativa.
Podría argumentarse que se trata simplemente hasta ahora de trabajadores de labores administrativas, pero la desestabilizacion queer de las instituciones adquiere diversas direcciones. Recientemente, en el estado de Washington, en Estados Unidos, el Tribunal Supremo Estatal ha decidido eliminar el examen de colegiatura. Esto se debe a la falta de justicia de las minorías oprimidas, bajo los principios de diversidad, inclusión y equidad. De esta manera, un mayor número de personas serían aprobadas, siendo insuficientemente formadas para ejercer su profesión.
Aquí el enlace a la publicación original en X.
Con un decreto de 2005 , se puso a echar a rodar el funcionamiento del estado en nombre de esta política identitaria. En esa ocasión, el Relator Especial para la Independencia del Poder Judicial de la ONU, enfatizó que la seguridad del Estado no debe lograrse a expensas de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Además, subrayó que no se debe violar el derecho a un juicio justo e imparcial. Bajo la atractiva defensa de los DDHH de la ONU, estaba ya puesto en funcionamiento el borrado legal de la categoría sexo.
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El poder legislativo alcanza notables niveles de totalitarismo cultural, misógino y homoodiante con las sanciones de leyes profundizando el borrado de la mujer como se verá seguidamente. En la Cámara de Senadores, la Diplomatura en Gestión Legislativa promueve la perspectiva de género en la elaboración de leyes y en la capacitación del personal legislativo. En la Cámara de Diputados, el activismo trans inclusivo es más prominente. Ofrecen cursos sobre presupuesto con perspectiva de género, gestión parlamentaria, violencia de género y liderazgo deportivo. En su página web de la Cámara de Diputados se destaca la normativa con perspectiva de género. Además, la recopilación de proyectos de ley transgeneristas es otra muestra de la eficaz captación de los legisladores nacionales. A colación de esta nota, el parlamento ya ha previsto cualquier posible oposición, presentando un proyecto para restringir la independencia de los jueces que expresan opiniones contrarias a la ideología de género.
El poder ejecutivo alcanza su punto más radicalizado hasta 2023, afianzando todas las políticas y medidas transgeneristas. Se profundiza en el sistema educativo a través de la Educación sexual integral, en el sistema nacional de salud público, también a nivel provincial, en la provincia de Buenos Aires; en las unidades penitenciarias femeninas y masculinas; etc. Además hasta el gobierno 2019-23 se logró corromper el tradicional Encuentro Nacional de Mujeres, financiando con la incorporación de varones bajo el relato de las identidades minoritarias. La completa adopción del lenguaje inclusivo fue otra marca hasta el año pasado, entre otras cosas.
No relacionada con la identidad de género, la capacitación en Ley Yolanda garantiza la formación integral en ambiente con perspectiva de desarrollo sostenible y con especial énfasis en cambio climático, para las personas que se desempeñan en la función pública, que forma parte de la agenda 2030 impuesta desde las Naciones Unidas.
La magistratura es el conjunto de jueces y magistrados que ejercen la función judicial a distintos niveles, desde tribunales inferiores hasta la Corte Suprema de Justicia. Ellos interpretan y aplican la ley en los casos que se presentan garantizando el cumplimiento de las leyes vigentes y la Constitución Nacional. Deben actuar con imparcialidad y objetividad.
La capacitación en la Ley Micaela que se enfoca en los DDHH, Perspectiva de género, Violencia de Género y Género en los Organismos del Estado (género son los estereotipos la construcción social de lo que es femenino y masculino) hasta diciembre de 2023.
Espléndido: fundamentado, bien desarrollado, documentado...