Mujeres y palabras: La gestión estatal contra la libertad de expresión
Esta nota analiza cómo un gobierno aumenta la confusión y opacidad, contribuyendo a la desestabilización de la comprensión de la realidad, utilizando a la administración estatal.
¿Cómo se elimina la distinción binaria de los cuerpos en la burocracia estatal de un partido político extremadamente sexista y homodiante? Promoviendo el uso del lenguaje inclusivo (Li). ¿Por qué es crucial promover el Li? Porque sin el camuflaje del Li, se atentaría contra sus premisas ideológicas con el lenguaje común y corriente, basado en la verdad. ¿Cómo se amplia su uso? Oficializando el Li en toda la estructura estatal, administrativa y burocrática.
Desde 2012, la Argentina se ha caracterizado por una continua campaña transgenerista, básicamente sin ninguna oposición política. Este artículo examinará cómo el poder ejecutivo nacional utiliza todo el aparato, desde la cúspide hasta la base, con el objetivo de ejercer un control sobre la información, las comunicaciones estatales y la libertad de expresión a partir de 2019.
FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DEL LENGUAJE INCLUSIVO
Para lograrlo, los propulsores del Li se apoyan en los siguientes fundamentos legales: La Constitución Nacional reconoce la libertad de expresión (Art. 14) y los organismos internacionales como las Naciones Unidas y sus agencias internacionales, por ejemplo Unicef, ONU Mujeres, entre otros, que impulsan la libertad de expresión sin discriminación ni estereotipos de género. Asimismo, añaden la legislación nacional: la Ley de Matrimonio Igualitario (n°26.618), la Ley de Identidad de Género (n°26.743) , la Ley de Protección Integral contra la Violencia de Género (n°26.485), la Ley de Educación Sexual Integral, ESI (n°26.150), la Ley Micaela (n°27.499), Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (n°27.610) y Ley de Promoción al Empleo para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero (n°27.636) junto con la opción “X” en el pasaporte y el Documento nacional de identidad por decreto presidencial n°476/21.
Este armado legal sostiene el doble discurso y la neolengua para:
inventar una categoría de personas definidas por su identidad de género, en el marco de los derechos humanos;
promover “la igualdad” --es decir compensar a estas personas por injusticias pasadas, presentes y futuras;
conseguir la uniformidad del pensamiento bajo la bandera de “la diversidad”; y
crear espacios “inclusivos”, que no son otra cosa que espacios donde se debe reafirmar estas creencias, de lo contrario actúan la cancelación y la exclusión social.
El Li consigue que la identidad de la persona sea una cuestión de invención y elección, sin referencia a la realidad material, obligando de manera coercitiva, se suscriba o no, así de la nada, a compartir dimensiones íntimas de la vida de un ciudadano.
Se implanta en los formularios, por ejemplo, con una serie de opciones bajo la categoría “identidades de género” (en lugar del sexo). En las comunicaciones oficiales además se fomenta el uso del vocabulario neutro, se evita palabras genéricas masculinas, así como también se implanta el uso de la letra “e”, “x” para evitar terminaciones tradicionales de género femenino y masculino.
Como se verá, durante el período 2019-2023, este gobierno sobresale por su dedicación a consolidar un aparato burocrático “inclusivo”, integrado verticalmente, en toda la administración pública: ministerios, secretarías, agencias, etc. Se busca imponer una ideología que manipula de la existencia humana, sosteniendo que el sexo se puede cambiar, se restringe la libertad de expresión para los que no acuerden, y moldea la visiones del mundo de las nuevas generaciones con su adoctrinamiento.
AVANCE DE LA ADOPCIÓN DEL LENGUAJE INCLUSIVO (2019-2023)
A poco de ganar las elecciones y retomar el gobierno de la provincia más poblada, la Provincia de Buenos Aires, se destaca por resaltar la importancia del Li en toda la administración pública en enero de 2020. La ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, está urgida en implementarlo, junto con la creación de un Consejo de Transversalización de las políticas en los poderes del estado bonaerense. Impregnada en los términos de las políticas identitarias, señala que el Li debe visibilizar a “personas con discapacidad, hay pueblos originarios, hay toda una diversidad etaria, cultural y de identidades de género en la provincia”.
El Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) anuncia sus Recomendaciones para un abordaje inclusivo y respetuoso en el ámbito educativo, sanitario y organizaciones sociales donde se asegure: “el reconocimiento de la identidad de género en toda comunicación interpersonal y administrativa”. 1
Los primeros meses de 2020 comienza la pandemia y a través de un seminario virtual, se establece la incorporación del lenguaje inclusivo en toda la administración pública nacional.
El Directorio del Banco Central de la República Argentina decidió igual política a través de una resolución de agosto de 2020. “La gestión del BCRA, en consonancia con el Gobierno nacional, ha asignado relevancia a la política de género y respeto hacia la diversidad”, creando una gerencia específica en la materia.2
El mismo Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad elabora una guía llamada (Re)Nombrar, guía para una comunicación con perspectiva de género.
El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) adopta una Guía de recomendaciones para lenguaje inclusivo en octubre de 2020. Y aclara: no pretende “corromper” el idioma español sino pensar en una igualdad que no sea implícita ni velada y que arroja la necesidad de poner en evidencia las desventajas que viven las mujeres y personas de los colectivos LGBTIQ+.” Posteriormente, junto con el Ministerio de Desarrollo Productivo en su guía cambiaron el ¡Bienvenidos! por un saludo más inclusivo: ¡Bienvenida a todes!
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) resuelve en noviembre de 2020, que se utilice el Li y no sexista en toda la documentación oficial.
La Comisión Nacional de Valores aprueba una Guía de recomendaciones para la igualdad de género en el mercado de capitales en marzo de 2021.
En el ámbito de la educación y la investigación científica su adopción es rápidamente extendida por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, en 2020.
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) que representa a las universidades estatales, impone eliminación de cualquier mención a la realidad binaria de los cuerpos en su Guía para un lenguaje no sexista, irónicamente con el epígrafe: “El tipo de lenguaje que se use (sic) no es inocente”.
El Comité Institucional de Políticas de Género (CIPG) y La Colectiva por una Ciencia Sin Machismo, en acción dentro del sistema científico estatal CCT CONICET-CENPAT elaboran una guía de estilo con recursos y estrategias para facilitar el uso del Li no sexista en todas las comunicaciones oficiales.
El Ministerio de Transporte se ajusta a la nueva normativa con una Guía práctica de comunicación con sensibilidad de género del transporte.
La Secretaría de Comercio Interior se pliega a la misma ordenanza con una guía de Buenas prácticas comerciales en cuestiones de géneros y diversidades (julio 2021) en conjunción con el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. 3
La Oficina de Recursos Humanos de la Cancillería se pliega a la misma política al completar formularios diplomáticos y administrativos, en julio de 2021.
El uso del lenguaje y la comunicación no sexista e inclusiva también se fortalece con una resolución del Ministerio de Salud en mayo del 2022 para todas las producciones, documentos, registros y actos administrativos del Ministerio y sus organismos descentralizados.
El Ministerio de Obras Públicas dictamina que promueve el uso del lenguaje y la comunicación no sexista e inclusiva como formas expresivas válidas en las producciones, documentos, registros y actos administrativos de todos los ámbitos de este ministerio.
La Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo, ACUMAR, se une con un Manual de comunicación con perspectiva de géneros y diversidades, Guía para un uso no binario del lenguaje en 2023.
La secuencia de adopciones burocráticas por el Li ha sido notable. No puede ignorarse tampoco, que parte del ímpetu se debería al enfrentamiento con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (CABA). Este gobierno propone “respetar las reglas del idioma español” prohibiendo el Li en las escuelas, en junio de 2022. Se iniciaron así acciones legales de grupos transactivistas junto con el INADI, contra el principal gobierno del partido opositor4
Asimismo, el INADI, elabora una nueva guía de recomendaciones para usar el lenguaje inclusivo en las instituciones educativas.
Durante el período de elecciones, a fines de 2023, el Ministerio de Salud redobla la apuesta con su Plan Nacional de Políticas de Géneros y Diversidad en Salud Pública, e incluye el apoyo técnico para implementar el Li en las áreas ministeriales, equipos técnicos y gestores de servicios.
PROTOCOLOS PARA LA PRODUCCIÓN DE CONTENIDO
Todavía en plena pandemia, y como fruto del trabajo articulado con distintas áreas de la Administración Pública Nacional, desde la Subsecretaría de Comunicación y Contenidos de Difusión, se dan a conocer los “Protocolos para la producción de contenidos” en materia de uso del lenguaje, de la imagen, de expresiones comunes y generales, en julio de 2021.
Se establece qué uso de lenguaje e imágenes es apropiado en la producción de contenidos comunicativos gubernamentales desde una perspectiva de '“derechos humanos” y “diversidad'". Por ejemplo propone:
. “Utilizar genéricos inclusivos (cónyuge, pareja) en lugar de aquellos términos que dan por sentada la heterosexualidad de la persona interlocutora o receptora”... “Promover enfoques que visibilicen la diversidad y que cuestionen la dicotomía mujer / varón y la heterosexualidad como único modelo legítimo de cuerpos, identidades, relaciones y familias.”
Acorde con la agenda queer, de la deconstrucción de conceptos básicos de la organización social y el ahínco en propiciar la disociación corporal, la heterosexualidad es una forma de opresión y explotación, que debe ser, sino excluida, cuestionada.
. “Tener presente que la violencia contra las mujeres y LGBTI+ no se limita a la violencia física. También incluye, entre otras, la violencia psicológica, sexual, económica, mediática, patrimonial, simbólica y política”.
La definición de violencia se basa en la idea de diluir el concepto, que al aplicarlo de manera tan amplia, pierda su significado y distinción. Se favorece así, a la dificultad en definir los límites, y el riesgo de diluir la gravedad de la violencia. De manera que, denunciar que las mujeres no son una subcategoría de la identidad de género “mujer”, sería un acto de violencia en términos gubernamentales.
. La comunicación pública debe “contribuir al pleno reconocimiento de las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derecho”, “son personas hoy, no son futuras personas”, “Es recomendable que los adultos no hablen en su representación toda vez que sea posible, y siempre y cuando su testimonio, su voz y opinión se visibilice ejerciendo un derecho” . También proponen no utilizar la palabra “menores” porque los estigmatiza.
La palabra “menores” estigmatiza porque quieren retratarlo como un “mini-adulto”, capaz de definir por si mismo su “identidad de género” y reconocer las consecuencias de sus decisiones. Cualquier cuestionamiento es catalogado como una expresión de la “adultocracia” y descartan los derechos parentales, como de menor valor. El estado transgenerista está por encima de la patria potestad de los menores.
. Evitar el uso de términos y expresiones que descalifiquen a las identidades disidentes: se desaconseja el uso de palabras como “marica”, “trava”, “torta” que puedan tener una carga peyorativa o humorística hacia las personas LGBTI+.
Limitan la libertad de expresión artística porque saben que el humor es un excelente instrumento para mostrar que el rey va desnudo. Permitir reírse sobre la ridiculez de un señor con maquillaje y vestido, sería despojarlo de la fantasía socialmente impuesta desde arriba, cuestionar qué es ser mujer, y en consecuencia en el disparate de dirigirse en femenino y a esta ficción, sancionarla legalmente.
Otros eufemismos son, por ejemplo, ocultar el historial delictivo de un “violador”, porque recomiendan “evitar calificar a la persona por su delito cometido y “lo correcto es hablar de persona liberada”. De esta manera, esconden esta valiosa información para la protección de las mujeres y menores.
Tampoco se debe llamar a una “persona encarcelada”, sino “privada de la libertad”, porque así se minimiza la gravedad de la situación o que suene menos punitiva. De ese modo, la provincia de Buenos Aires y su Dirección de Género y Diversidad perteneciente a la Subdirección General de Políticas de Género, haciendo uso de esta manipulación del lenguaje en su website informa:
“coordinaron la entrega de 30 Documentos de Identidad de las personas privadas de libertad de nacionalidad peruana tramitados con anterioridad… Así, la propuesta obedece a garantizar el derecho a la identidad y al acceso educativo tendrá impacto en 30 privadas de libertad trans de nacionalidad peruana”.5
CONSECUENCIAS DE ESTAS GUÍAS Y PROTOCOLOS OFICIALES
La captura institucional de esta nueva narrativa, elimina cualquier mención a la mujer, fortalece y perpetúa una sociedad profundamente arraigada en estereotipos sexistas, junto a la intolerancia a las orientaciones sexuales basadas en el sexo, y el adoctrinamiento transgenerista en menores.
Inicialmente el Li sonaría artificial, usado de manera forzada, hasta que poco a poco, se convierte en una imposición, sino oficial, social, con el adoctrinamiento abrumador en todos los niveles sociales.
La propaganda estatal afianza el Li a través de jornadas y programas de entrenamiento, respaldados por glosarios y los argumentos de los derechos humanos, para cambiar la visión del mundo y forma de expresión. No solo se moldea la percepción de la realidad, sino que también se controla la expresión de las ideas, del pensamiento y el conocimiento, ejerciendo una considerable influencia sobre las creencias de niños y jóvenes.
Como contrapartida, los que reciben del estado sus servicios, prestaciones, beneficios y asistencias, no pueden resistirse la imposición del Li. Los ciudadanos y trabajadores del estado están limitados a contrarrestarlo, gracias a la tecnología y al ser el empleador de un buen número de trabajadores.
Además genera nuevos roles burocráticos, personal específico, comités y grupos de trabajo consumiendo inútilmente valiosos recursos e infraestructura pública. Y estos aparatos reguladores actúan vigorosamente porque su razón de ser depende de su continua retroalimentación. Mientras no se suspenda el incentivo del adoctrinamiento ideológico, su supervivencia estará garantizada.
Finalmente, se recaba información que es falsa o incompleta, porque la identidad de género no es real. De manera que las estadísticas, informes oficiales descartan el necesario diagnóstico y evaluación de la verdadera situación de las mujeres y menores.
Recomienda, entre otros puntos, la capacitación para todo el personal docente y no docente, no sólo en la forma de comunicarse, sino tambien adoctrinando sobre las identidades de género: “niñeces trans, travestis, transgéneros y transexuales, asumiendo que es importante respetar la diversidad sexual y de género para no reproducir prácticas pedagógicas heteronormativas”.
El primer paso fue la creación de una gerencia específica en la materia, para una comunicación inclusiva, incorporando una herramienta eficaz, que nos permite adoptar en los textos un lenguaje inclusivo, acorde con el plexo normativo nacional e internacional vigente“ en cualquiera de sus modalidades como recurso válido en las comunicaciones, expedientes, formularios, documentación y producciones de la institución.
“Esta guía de buenas prácticas se presenta como un documento disparador para el cambio cultural” porque “La información para las y los consumidores no debe tener identificaciones de orientación por género ni estar sesgada por características biológicas”. Con el presupuesto de la Secretaría de Comercio Interior, se crea un equipo de abogados para reforzar la ideología de género, que a su vez promete sostener la industria de género.
Esta medida fue cuestionada por toda una serie de declaraciones desde políticos, intelectuales, artistas, escritores, periodistas, activistas trans, junto con causas judiciales en contra llevadas a cabo por la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT+) . El amparo colectivo es a favor de todas las personas afectadas por la medida y reclama la inconstitucionalidad de la prohibición del lenguaje inclusivo. El INADI también se presentó como “Amicus Curiae” en la causa de FALGBT.
http://www.spb.gba.gov.ar/site/index.php/unidad-32-florencio-varela/16401-personas-privadas-de-libertad-de-nacionalidad-peruana-ya-tienen-su-dni
"La definición de violencia se basa en la idea de diluir el concepto, que al aplicarlo de manera tan amplia, pierda su significado y distinción."
Esta parte me resultó muy interesante. Me gustaría que lo profundices en otro momento. En principio pienso que esto va en línea con cómo ha ido modificándose el concepto de Violencia hacia las mujeres a VdG y ahora ViolenciaS por motivos de géneroS